A fin de fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, el Gobierno de Oaxaca pondrá en marcha la Unidad de Inteligencia Patrimonial a través de la Secretaría de Finanzas, que al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera Federal permitirá y ayudará a identificar a las empresas y recursos desviados por parte de gobiernos anteriores.
Así lo anunció el Gobernador Salomón Jara Cruz durante la conferencia de este lunes en Palacio de Gobierno, en la que también dio a conocer que se creará el Instituto Estatal para Devolverle al Pueblo lo Robado.
“La próxima semana daremos a conocer la estructura, facultades y los objetivos prioritarios de esta unidad que vendrá a sumarse a los esfuerzos de nuestro gobierno para erradicar y castigar la corrupción y el saqueo de los recursos del pueblo”, afirmó.
Expresó que esta estrategia anticorrupción se alinea a los esfuerzos del Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en la ruta de la honestidad, transparencia y rendición de cuentas al pueblo.
En este sentido, dio a conocer que en días pasados el Gobierno de México interpuso una demanda civil en Miami, Estados Unidos, para que Genaro García Luna exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, devuelva los cerca de 650 millones de dólares que desvió durante su cargo con la complicidad de familiares y empresas fantasma.
“La aceptación de esta demanda civil permitirá recuperar parte de este inmenso botín generado a través de una red de familiares y empresas fantasmas las cuales permitieron desviar dinero público a través de contratos con el gobierno anterior”, dijo.
Gobierno comprometido con la transparencia y rendición de cuentas
En este marco, el Mandatario también informó que el estado de Oaxaca obtuvo la calificación de 100 puntos del Índice de Calidad en la Información (ICI) respecto al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del primer trimestre de 2023 que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Señaló que ello la ubica en el primer lugar junto a otros nueve estados en el cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas y representa un avance de 30 lugares en comparación con el año 2016, cuando la entidad se colocaba en el lugar 31.