Aranza Renero
La jueza segunda de distrito con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó que los ocho militares que fueron detenidos por presuntamente haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, deberán permanecer en prisión preventiva, aunque la defensa de los integrantes del Ejercito Mexicano señaló que en las constancias que leyeron los ministerios públicos no se menciona el nombre de ninguno de los implicados ni la forma en que intervinieron en la desaparición forzada de que se les acusa.
Luego de una audiencia que duró más de 15 horas –se inició el miércoles antes del medio día y concluyó ayer a las 5:30 horas–, la defensa de los ocho militares solicitó la duplicidad del término (de 72 a 144 horas) para que se defina su situación jurídica, ya que pretenden aportar pruebas de descargo que pudieran dar como resultado que no se les dicte auto de formal prisión por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
De acuerdo con información obtenida de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, los representantes de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa leyeron las acusaciones, sustentadas en señalamientos de testigos protegidos, entre ellos uno identificado con el nombre clave de Juan, y que ha sido señalado de ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos.
