Ante el paso de la caravana migrante por territorio oaxaqueño, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana, en la que solicitó a diversas instituciones estatales y federales la adopción de las medidas necesarias tendientes a salvaguardar la integridad, dignidad y derechos humanos de las personas migrantes y las personas que habitan las comunidades por las que avance la caravana migrante.
El organismo defensor tuvo conocimiento que, la caravana llamada “Viacrucis Migrante” está integrada aproximadamente por 3000 mil personas migrantes de nacionalidad centroamericana, quienes salieron el 22 de abril del presente año del parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, con dirección a la Ciudad de México, a fin de solicitar mayor agilidad en el trámite de sus documentos humanitarios para poder avanzar en su camino a los Estados Unidos.
El organismo defensor indicó que, las personas migrantes se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a diversas condiciones que enfrentan en sus lugares de origen, como: la pobreza, la violencia generalizada, la discriminación, la desigualdad, a fin de buscar mejores condiciones de vida.
Ante este contexto, la Defensoría indicó que, quienes integran la caravana migrante son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren una protección acorde a su condición, pues es obligación del Estado cumplir con lo establecido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
El organismo indicó que para ello, se debe tomar en cuenta que existen diversos derechos a considerar, como lo son: el derecho a vida, libertad, integridad física y psicológica, la salud, la alimentación, así como los derechos de la niñez y de las personas adultas mayores, entre otros.
Por ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca instó a todas las instituciones y dependencias del Gobierno del estado de Oaxaca, así como aquellas del orden federal que tengan participación en el asunto, para que en el ámbito de su competencia establezcan los mecanismos adecuados de coordinación y atención, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que integran la caravana migrante.
En este sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la Secretaría de Gobierno su colaboración para que, a través del diálogo y la concertación, intervenga en las situaciones que lleguen a presentarse y que puedan trastocar las relaciones armónicas de las comunidades por el paso de la caravana migrante.
Asimismo, solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con las demás instancias de los gobiernos federal y municipal, realicen las acciones de seguridad y vialidad necesarias para prevenir accidentes y brindar seguridad a las personas participantes en la caravana migrante, así como a las y los habitantes de las comunidades por las que esta avance, dentro del territorio oaxaqueño.
Por otro lado, a la Secretaría de Salud del estado, brindar atención médica y psicológica que requieran a las personas que conforman la caravana migrante.
A la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, elaborar y ejecutar las medidas necesarias para la prevención de situaciones de riesgo que pudieran atentar contra la integridad de las personas migrantes.
Al Sistema Integral de la Familia del estado, para que de acuerdo con sus atribuciones legales, brinde servicios de asistencia social, especialmente a niñas, niños y adolescentes, así como a personas adultas mayores, ello en coordinación con la Secretaría de Salud y los municipios.
A los presidentes municipales de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño y aquellos otros por los que transite la caravana migrante, respeten los derechos humanos de las personas migrantes y mediante las instancias de seguridad, salud y asistencia social con las que cuenten, brinden el apoyo necesario en la medida de sus posibilidades.